La recesión económica de  finales de la década pasada no es sólo una situación coyuntural de la economía sino un cambio estructural que mucha gente no acaba de ver, si bien esta recesión se achacó inicialmente a una “crisis de la deuda” o un crecimiento no sostenido e irreal el análisis debe ir mucho más allá, ya que esta es la primera vez que no se recuperan los millones de empleos perdidos durante la última década.

Durante el siglo XX la economía alternaba ciclos recesivos y expansivos; podían tener mayor o menor duración y consecuencias, pero los puestos de trabajo perdidos, las caídas del P.I.B. o los incrementos de la inflación acababan por recuperarse a medio plazo, en este caso no.

En 2012 en España había más de seis millones de parados (27% de la población en edad de trabajar), de una masa laboral de 23 millones de trabajadores, hoy hay más de tres millones y el paro ronda el 14%, en una masa laboral aproximadamente igual. La diferencia es que mientras que en 2012 la tasa de crecimiento del P.I.B. era negativa hoy llevamos más de cinco años creciendo a un porcentaje razonable, pero el número de parados está en una asíntota de los 3 millones, y no se alcanza el ansiado 13% de paro.

No está claro si 2020 nos traerá una nueva crisis económica, pero los expertos están bastante de acuerdo en un freno en la expansión económica durante los próximos años, quizás no lleguemos a tener cifras negativas en el P.I.B., pero parece descartado que durante los próximos años volvamos a cifras de crecimiento del 4% como se alcanzaron en 2015.

¿Qué ha cambiado? Básicamente el modelo productivo. Durante la última década las máquinas han ido sustituyendo a la mano de obra no cualificada, y es una tendencia que se mantendrá durante las próximas décadas. Se están perdiendo miles de puestos de trabajo en las fábricas, de cobradores de autopista o de expendedores de gasolina por la transformación digital, pero en los próximos años serán muchísimos más porque esto es sólo la punta del iceberg; sectores cualificados como la banca, la logística, los seguros o el periodismo sufren cada día un “terremoto digital” cambiando todo el proceso y suprimiendo miles de empleados cada año; a esto le unimos una economía basada en el consumo desaforado de recursos naturales en la que resulta más barato el comprar nuevos productos que arreglar los deteriorados, por lo que profesiones como reparadores de aparatos electrónicos, zapateros o costureras ya empiezan a ser historia. Otros como la venta en las grandes superficies comerciales aún mantienen sus empleados, pero ya empiezan a aparecer las “cajas amigas” que cuando pasar por ellas suponga una rebaja en el precio acabarán mandando al paro a miles de cajeros.

La automatización de procesos provoca una caída de la demanda de la mano de obra humana que empieza a ser preocupante y tangible, la ansiada recuperación económica no acaba de generar los puestos de trabajo perdidos (llevamos más de cinco años creciendo de forma sostenida y sostenible) y no parece que se vayan a generar en los próximos años, por lo que la carga de trabajo será el principal desafío de las economías en este siglo XXI.

Existen básicamente dos modelos, el reparto equitativo de la carga de trabajo y el discriminatorio. En el primer caso los trabajadores pasaremos a trabajar en torno a 30 horas a la semana para poder trabajar todos. El Ministerio de Trabajo impuso una medida que trata de rebajar a 40 horas semanales reales el máximo trabajado con la obligación de fichar entradas y salidas; hasta esta medida muchos trabajadores trabajaban 45 ó 50 horas a la semana con el silencio cómplice de los sindicatos, pero esto es el primer paso. El problema es que también se reducirán los ingresos, quizás no de forma directamente proporcional pero sí habrá reducción, por ejemplo, si un trabajador hoy tiene asignadas 40 horas a la semana si se reducen a 30 horas pasará a cobrar por 35 horas semanales.

La otra opción es espeluznante. El reparto discriminatorio de carga de trabajo significa desigualdad, entre una población con altísima cualificación y altos ingresos contra una mayoría con bajos ingresos o que estos serán exclusivamente rentas sociales, ya que los puestos de trabajo menos cualificados cada vez serán escasos, desapareciendo las clases medias. Con el fin de evitar grandes revueltas sociales seguirían existiendo unas prestaciones básicas, pero serán exiguas y más relacionadas con el estado de la beneficencia que del bienestar; la edad de jubilación se retrasaría hasta los setenta años para las profesiones con menos esfuerzo físico y las pensiones, subsidios sociales, educación pública y sanidad rondará el mínimo indispensable, y con unas clases sociales impermeables.