Las políticas del siglo XXI exigen una apuesta por actividades económicas de calidad, servicios de alto valor añadido y por una industria especializada que nos permitan competir en un contexto global. La principal ventaja competitiva de la Unión Europea se basa en la innovación, ya que en otros aspectos como costes de personal, precio de la energía o las tasas ambientales las condiciones no son las más adecuadas cuando nos enfrentamos a China, EEUU o incluso a Rusia.

Para el éxito en este campo es necesario apostar por la innovación. La administración central y las administraciones autonómicas incluyen esta disciplina entre las actividades estratégicas y son muchos los esfuerzos para potenciar la I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación) mediante redes de apoyo y convocatorias a las universidades, empresas o centros de investigación.

Es imprescindible una red de asesoramiento, apoyo estructural y ayudas económicas a la investigación, aunque debe estar condicionado a la valorización de resultados. En España la I+D+i tiene unos resultados muy dispares, y esto es lo que se debe abordar durante la próxima década si queremos alcanzar el objetivo del 20% del PIB en industria. La I+D+i es una actividad que difícilmente puede garantizar resultados, pero esto nunca puede ser un cheque en blanco para que se convierta en un fin por si mismo. La I+D+i debe exigir un retorno monetario, y se deben garantizar resultados económicos, que podrán ser mejores o peores, pero nunca inexistentes o difusos. El parámetro de referencia de la I+D+i debe ser la valorización de los avances conseguidos medidos en €, es decir las patentes generadas o los retornos económicos al aplicar mejoras en empresas, y no debería ser suficiente la justificación de ayudas exclusivamente con memorias justificativas, artículos indexados a nivel internacional o tesis doctorales; estos son trabajos de indiscutible valor, pero no son suficientes sin una cuantificación económica real.

En algunos casos se realizan gastos en I+D+i, cuyo fin es exclusivamente la justificación de contratos o realizarle la competencia en prestación de servicios a empresas tradicionales disfrazadas de actividades de investigación; en otros casos los proyectos de investigación no implican la inversión económica por parte de sus promotores, lo que describe las expectativas creadas por éstos en descubrir algo que realmente tenga un valor económico. Es necesario que cuando las administraciones evalúen estas actividades y las apoyen económicamente se aseguren de que al menos los promotores arriesgan un pequeño capital para ser confirmar que creen en lo que están haciendo.